El riesgo de secularizar la política

El riesgo de secularizar la política

Por: Bernardo Barranco V.

De manera discreta, casi sigilosa, los congresos locales han impuesto severas sanciones contra aquellas mujeres que por diversas razones deciden interrumpir su embarazo, aun cuando sea producto de una violación; hoy suman 17 estados de la República mexicana que han extremado medidas punitivas contra el aborto.


La estrategia ha tenido tres actores centrales: la jerarquía católica y las dirigencias nacionales del PAN y del PRI. Las entidades donde se ha repenalizado la interrupción del embarazo son: Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Chihuahua, Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y, recientemente, Veracruz. Precisamente, en esta entidad, José Eduardo Ortiz González, coordinador de la Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz, con humor involuntario expresó que "“la decisión de los diputados locales estuvo inspirada por Dios, quien tomó el control del Congreso en defensa de la vida”". Como si Dios fuera líder de las bandas parlamentarias.



Resulta inverosímil el entusiasmo protagónico que ha asumido el PRI no sólo renunciando a su tradición fundadora laicista (¡si el anticlerical Plutarco Elias Calles lo viera!), sino que abraza banderas y reivindicaciones de la más rancia ultraderecha católica. No existen argumentos razonables que expliquen la postura priísta. Nada menos que María de las Heras intenta responder en sus encuestas: "“Yo en lo personal, como casi 80 por ciento de los electores, no puedo creerles que lo hagan por cuestiones éticas o ideológicas, pero tampoco le encuentro la lógica electoral por ningún lado”" (El País, 23/11/2009).



Efectivamente, su sondeo arroja duras críticas a la postura del Revolucionario Institucional y en especial a su presidenta Beatriz Paredes, de quien, comenta, por ser mujer y presumirse liberal se podría esperar todo, menos que contemplara impávida lo que los legisladores de su partido han hecho en más de la mitad de las entidades federativas.



Hay un extraño y confuso juego de poder que, según diferentes analistas, estaría comprometiendo el proceso electoral de 2012, o al menos la postura de la Iglesia de cara a la sucesión presidencial.



En un régimen de libertades laicas, el Estado no puede impedir que una Iglesia haga valer sus principios y visiones en el conjunto de la sociedad. Ninguna sociedad que se precie de democrática puede impedir que una jerarquía religiosa ejerza su derecho a realizar lobby y cabildeos para posicionar su doctrina religiosa sobre la vida y principios con los que debe conducirse la sociedad.



Desde esta perspectiva, la jerarquía católica hace su trabajo, claramente mandatado desde Roma. Lo que un Estado laico no puede permitir es que funcionarios y legisladores antepongan su posición religiosa personal en detrimento de posturas incluso minoritarias. No pueden imponer principios religiosos al conjunto social diverso y heterogéneo.



La laicidad es un principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, que establece jurídicamente no sólo la clara diferenciación de poderes consagrada en el artículo 130 de la Constitución, sino que determina que el Estado no necesita de la legitimidad religiosa ni divina para ejercer su soberanía como tampoco las iglesias necesitan del apoyo gubernamental para desplegar su misión.



El Estado laico debe garantizar su principio histórico de mantenerse al margen de las creencias y convicciones religiosas, no actuar contra las creencias, sino situarse más allá de toda religión como una forma de coexistencia civilizada que se sustenta en la tolerancia. En México hasta mediados del siglo XIX se vivió en una sociedad en la cual el catolicismo era autoridad tanto civil como religiosa, una especie de república católica que fue quebrantada políticamente por movimientos liberales. Dicho proceso llevó a sangrientas confrontaciones fratricidas y a desarrollar gradualmente un proceso de secularización de nuestra cultura.



Tiene razón Roberto Blancarte al sentenciar reiteradamente en sus recientes artículos de opinión que hay una contrarreforma o acto de traición a los principios laicistas y liberales de la Constitución mexicana por parte de los legisladores. También cabe la anotación de Jorge Fernández Menéndez, quien se pregunta: "“Quizá somos una sociedad mucho más conservadora de lo que presumimos; probablemente se trata de que cada vez más los poderes fácticos tienen mayor poder real; tal vez es una confirmación de que los partidos y sus dirigentes no se sustentan en plataformas, sino en intereses coyunturales”" (Excélsior, 20/11/09).



El comportamiento de las legislaturas estatales refleja una profunda crisis de la clase política mexicana. El deterioro de su imagen, autoridad moral y liderazgo es cada vez más patente, sólo habría que ver su comportamiento en el reciente episodio en torno al presupuesto 2010 para constatar descrédito y falta de legitimidad social. Por tanto, no es extraño que se refugie en la poderosa Iglesia para encontrar, como los reyes de la Edad Media, la legitimidad divina.



Esta coyuntura nos ha mostrado socialmente que la jerarquía tiene más poder y capacidad de gestión política de lo que muchos analistas suponíamos. La jerarquía católica ha mostrado, como dice Carlos Monsiváis, "“músculo”"; la ultraderecha yunquista ha demostrado poder de cabildeo no sólo ante el aborto, sino en otras cuestiones torales como el veto a Emilio Álvarez Icaza para la presidencia de la CNDH; y la izquierda laica no nada más ha brillado por su ausencia, sino por su incapacidad de salir de sus antagonismos endogámicos. Efectivamente, la mayor penalización a la interrupción del embarazo no deseado va más allá de una revancha política o religiosa, sitúa muy bien al país que somos y la verdadera estatura de la clase política.


Leyes antiaborto, atentado contra los derechos de las mujeres: ONU
LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, manifestó su preocupación por el creciente número de estados que han aprobado leyes antiaborto en el país.

Al participar en un acto realizado por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Brunori afirmó que las iniciativas aprobadas en 17 estados del país atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Brunori presentó el libro Reparaciones con Perspectivas de Género y exhortó al Estado mexicano a cumplir con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el país en esta materia.

Por su parte, la directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), reiteró que preocupa a la ONU la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados porque México ha suscrito instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el de la libre determinación.

Contra la ley antiaborto, política con principios
Por: MARTA LAMAS
Es joven, católica, navista y diputada por el PRI y el Verde en San Luis Potosí, pero lo que distingue a Beatriz Benavente es que tiene principios y valentía para defenderlos. Su estado natal es uno de los 16 donde la derecha ha impuesto, a espaldas de la sociedad, una reforma a la Constitución estatal dirigida a complacer a la jerarquía católica. La diputada Benavente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha convencido a sus correligionarios priistas y a los diputados del PRD, PT y Conciencia Popular (el partido local) de la importancia de interponer –¡desde el Congreso! – una acción de inconstitucionalidad, y así defender el Estado laico y preservar los derechos humanos de las mujeres.

Quiero destacar tres aspectos de lo ocurrido en San Luis Potosí. Primero, la existencia de un Consejo plural (de reciente creación) en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Integrantes de este Consejo impulsaron un proceso de reflexión sobre el tema, aunque el empate al interior impidió que la comisión interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Segundo, con las recientes elecciones hubo un cambio en la correlación de fuerzas ¡y de conciencias! dentro de la legislatura. Tercero y fundamental, la llegada de una navista, convencida de la necesidad de trabajar de cara a la sociedad, cuestionó la forma y el fondo de la reforma.

Hace unas semanas conocí a Beatriz Benavente. Asistí al Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí, convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización Católicas por el Derecho a Decidir y Propuesta Cívica de San Luis Potosí, donde la diputada expuso sus motivos para interponer la acción de inconstitucionalidad.

Me impresionó la forma en que explicó su perspectiva sobre los derechos humanos: no tienen por qué ser “votados” por una mayoría ni deben estar sujetos a los vaivenes del mercado político. “Soy católica”, declaró, “pero no creo que deba usar mis creencias religiosas para obligar a los demás a que actúen de determinada manera.” Con argumentos de peso, ella logró que, en esta ocasión, la bancada priista se deslindara de sus antecesores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar ante las acciones de inconstitucionalidad que han provocado estas reformas (además de la del Congreso potosino, está la de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la del municipio de Uriangato en Guanajuato). Esto no exime de un indispensable debate público sobre la despenalización del aborto y sobre qué significa “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Comparto el postulado de que la vida es un valor que debe ser protegido desde su inicio, y sigo el razonamiento de varias juristas de que dicha “protección” debe consistir, en lugar de prohibiciones, en otorgarle a las mujeres todo tipo de garantías para que lleven a cabo la gestación: atención médica, alimentación adecuada, reposo necesario, etc. Sí, la vida es un valor que hay que defender, al mismo tiempo que se aceptan determinadas excepciones: la legítima defensa (personal y nacional), el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia. Por eso es que, aunque una mujer decida interrumpir el proceso de gestación de una nueva vida, ese acto no se contrapone a una valoración general de la vida. Reconocer el valor de la vida y otorgarles a las mujeres las garantías para que lleven a cabo la gestación, al mismo tiempo que se respeta su decisión cuando deciden interrumpir dicho proceso, es una realidad en sociedades que tienen despenalizado el aborto, y que distinguen entre un valor general y el derecho particular de decidir sobre el propio cuerpo.

La acción de inconstitucionalidad promovida por Beatriz Benavente y once diputados más (PRI, PRD, PT y CP) es un indicador de que el tema no está cerrado, ni siquiera en sociedades conservadoras como la de San Luis Potosí, donde una de cada cinco mujeres que se hospitaliza por causas maternas lo hace por aborto (datos de IPAS a partir del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH 2000-2006). Para luchar contra la hipocresía y la doble moral urge discutir públicamente. Hace muchos años, a principios de los noventa, hubo varios programas en la televisión sobre la despenalización del aborto. Cuando la jerarquía de la Iglesia católica se dio cuenta de que iba perdiendo el debate, presionó a los grandes empresarios católicos, que amenazaron con retirar la publicidad de sus productos si se continuaba transmitiendo esa polémica. El chantaje tuvo efecto y la censura se dio. Hoy, ante las acciones concertadas de la derecha, que se llevan a cabo sin debate público, es imprescindible ventilar tanto las posturas legislativas como las discusiones políticas. ¿Por qué nuestras televisoras no ofrecen espacios de confrontación de posiciones sobre este y otros temas? Debatir abiertamente vuelve más difícil la imposición de reformas autoritarias y oscurantistas.








gran.union.librepensadores@gmail.com

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